Con la publicación en la gaceta oficial panameña del decreto que reduce de 180 a 90 días la estadía a turistas de Colombia, Venezuela y Nicaragua, el país centroamericano puso desde este miércoles en vigor la medida que fue anunciada el pasado viernes por el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.

El decreto 269 del 29 de mayo de 2017, publicado en la gaceta oficial de este miércoles, indica que la reducción del tiempo de estadía de los ciudadanos de esos tres países se adopta considerando "la gran cantidad de extranjeros que, luego de ingresar como turistas, realizan actividades distintas" a ese estatus "sin solicitar el cambio de categoría migratoria".

"Es preciso acortar que permanecerán en nuestro país como turistas, específicamente en el caso de los nacionales de Colombia, Nicaragua y de Venezuela", indica el decreto, firmado por el presidente Varela y por su ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt.

El documento precisa además que los colombianos, nicaragüenses y venezolanos que hayan ingresado a Panamá antes de la entrada en vigor del decreto este miércoles, "mantendrán el estatus de 180 días de estadía como turistas".

Varela dijo el viernes pasado que, además de la medida de reducción del tiempo a los turistas de los tres países, también se endurecerán los controles para vigilar los antecedentes penales de los extranjeros que ingresen en el país.

Por su pujanza económica y estabilidad sociopolítica, Panamá ha sido en los últimos años uno de los destinos más elegidos por muchos migrantes de la región, principalmente venezolanos, colombianos y centroamericanos.

También han llegado a Panamá nacionales de otros 51 "países amigos", entre ellos americanos y europeos, amparados en un decreto ejecutivo de 2013 no recíproco que les conceden ventajas migratorias y para la obtención de visados de trabajo.

En enero pasado, entró en vigor un decreto que instauró visas de turistas como requisito a las personas que poseían un permiso de entrada o residencia en los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Australia.

En el documento el Ejecutivo panameño argumentó que buscaba "dedicar la mayor parte de recursos disponibles al control migratorio y al fortalecimiento de los mecanismos de verificación y control de inmigrantes de nacionalidades que tienen mayor incidencia en el índice de seguridad del país", sin identificarlas.

A poco de asumir su Gobierno en julio de 2014, Varela suspendió un programa de regularización masiva de migrantes llamado Crisol de Razas, aunque en mayo de 2015 prorrogó por 6 años, alegando razones humanitarias, el permiso de residencia a unos 39.000 extranjeros que iban a entrar en la ilegalidad y que obtuvieron el visado a través de ese programa.

Algunos sectores de la sociedad panameña alientan desde hace un tiempo la retórica xenófoba y denuncian que la llegada de extranjeros tiene relación con la ocupación ilegal de puestos de trabajo exclusivos por ley para nacionales, y con ciertos actos delictivos que se están cometiendo en el país, como el robo a mano armada de motorizados o el sicariato.

"Es importante que la ciudadanía sepa que todo extranjero que comete delito en este país, una vez pagan su pena, el Servicio Nacional de Migración es y será enérgico en la expulsión de estas personas", dijo la semana pasada el director de Migración, Javier Carrillo.

EFE